
Eva Martínez, abogada en Derechos Humanos, reveló en el noticiero Punto Noticias, que en cuanto al canje de deuda impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID y firmado por el gobierno de Guillermo Lasso, se conoce poco o nada.
“Nadie sabe de qué forma el tema benefició a la población de Galápagos o la conservación; lo que existe es un problema de transparencia”, sostuvo Martínez.
Los recursos son administrados, dice Martínez, en una institución privada llamada Galápagos Life Fund, que se encuentra en Delaware, Estados Unidos, por cierto, un conocido paraíso fiscal. El directorio de este fondo está estructurado por 11 miembros, seis del sector privado, lo cual pone en riesgo la soberanía del país.
Otro problema reside en el propio marco lógico del proyecto, que no ha impulsado un esquema de seguimiento efectivo y abierto a la participación de la ciudadanía, lo que constituye una “vulneración de la población de Galápagos”. De alguna forma, sostuvo la entrevistada, esa es la historia de este tipo de acuerdos, tal como ocurrió en Belice, Barbados e Islas Seychelles.
Aparte de este tema, están los incumplimientos del propia BID, que a la fecha, no ha emitido un informe tras un año de esta firma. El Gobierno de Guillermo Lasso anunció el 9 de mayo de 2023, la firma como un “referente mundial”, pues el país iba a lograr una reducción de 1.100 millones en deuda externa.
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