La Asamblea no revela más detalles sobre la muerte de Ricardo en sus instalaciones

El artículo de Martínez explica los detalles de la vida y muerte de “Ricardo”, un niño en situación de vulnerabilidad, que sufrió desde los 15 años, abuso sistemático por parte de F. Cadena, mientras este era coadjuntor de la comunidad salesiana en el Centro San Patricio de Quito.

A partir de que la abogada y activista sobre derechos humanos, Sybel Martínez, denunciara en una crónica las acciones cometidas por F. Cadena, actual párroco en la Isla Santa Cruz, la Iglesia y el Estado han mantenido un «pacto de silencio».

Martínez fue invitada al espacio Punto Noticias de Radio Pichincha, allí aseguró que, al menos desde la Iglesia, ese silencio estaría por terminar, una vez se confirmara una rueda de prensa anunciada por la Conferencia Episcopal en Galápagos.

El artículo de Martínez presentado en un portal web se explican los detalles de la vida y muerte de “Ricardo”, un niño en situación de vulnerabilidad, que sufrió desde los 15 años, abuso sistemático por parte de F. Cadena, mientras este era coadjuntor de la comunidad salesiana en el Centro San Patricio de Quito.

“Ricardo estuvo 36 años buscando respuestas en la Iglesia y en la Justicia, al no encontrarlas se habría suicidado el pasado 4 de marzo en las instalaciones de la Asamblea Nacional”.
No hay respuestas

En cuanto al Estado, como cuenta Martínez, la Asamblea Nacional tampoco ha dado respuestas, por ejemplo, existe un sigilo sobre los hechos durante el día de la muerte de Ricardo, por lo que la activista ha solicitado una reunión con Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional.

“En cuanto a la Iglesia, después de tener toda la información de los hechos cometidos por F. Cadena, se remitió tan solo a inhabilitarlo, cuando él mismo había aceptado toda la culpa”, sostuvo Martínez.

Al momento tampoco se han producido pronunciamientos de otras autoridades del Estado.
Otros casos en la impunidad

Lo que ocurrió con el sacerdote Miguel Augusto Yuni en 2021 es otro ejemplo de impunidad. Según Martínez, luego de su abuso, escapó a Colombia.

La Iglesia dijo que “ha tomado otra opción de vida”.
El caso del cura César Cordero también es paradigmático, pues falleció sin haber recibido una sanción efectiva, a pesar de las denuncias de abuso que pesaban sobre él.

Tan solo se le retiró su estatus clerical, pero nunca hubo un proceso de reparación a las víctimas. Finalmente, los abusos del exsacerdote Fernando Intriago, tampoco pasaron a la justicia civil.