Ecuador camina a convertirse en el país más violento de América Latina

Ecuador camina a convertirse en el país más violento de América Latina debido a la peor espiral de violencia de su historia, con un aumento de homicidios, secuestros, atentados y extorsiones derivados del accionar de grupos criminales del narcotráfico, la principal amenaza del país sudamericano.

De acuerdo con estadísticas oficiales, entre enero y el 3 de diciembre pasado, 7.258 personas fueron asesinadas, cifra que cerraría por encima de las 7.600 al finalizar este año, según proyecciones de la Policía y Observatorios de Seguridad.

Con un indicador así, Ecuador podría terminar el 2023 con una tasa de 44,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, el peor registro de su historia, y se convertiría en el país más violento de la región, superando a Venezuela, que en 2022 ocupó ese lugar con una tasa de 40,4 asesinatos.

El experto en seguridad, Fernando Carrión, dijo en entrevista con este Medio que los homicidios han escalado a inusitados niveles, por lo que “Ecuador se perfila como el país más violento de América Latina” y, además, “estaría al nivel de países del Caribe después de las Islas Turcas y Caicos, y Jamaica”.

Recordó que en 2017 Ecuador tenía una tasa de homicidios de cinco por cada 100.000 habitantes, luego se disparó a 25,9 en 2022, y va a terminar con 45 en 2023.

“Eso significa que en seis años hemos multiplicado por nueve la tasa de homicidios y estos son una expresión del crecimiento de la violencia. Pero, además, no solo que hay homicidios, sino que hay extorsiones, secuestros, masacres en cárceles, es un problema que históricamente no habíamos tenido nunca”, apuntó.

El también académico e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sostuvo que este 2023 ha sido el año más caótico, ya que la violencia arrecia en las calles, provocó una oleada de masacres en las cárceles por disputas de poder e irrumpió en dos procesos electorales, donde ocho políticos, entre ellos, alcaldes y un candidato presidencial, fueron asesinados en ataques armados

“Este ha sido el año más violento que hemos tenido. A eso hay que sumarle el hecho de que hay una deslegitimidad de las instituciones públicas, como la justicia, que este rato tiene u

na aceptación del 8 por ciento, y la Policía del 10 por ciento, según encuestas”, indicó.

En ese contexto, señaló que la violencia es el principal problema de Ecuador con un impacto social muy fuerte.

“Por eso es que, en todas las encuestas de opinión pública sin excepción, la principal demanda de la población es seguridad”, apuntó.

El especialista señaló que el narcotráfico es uno de los principales ejes del aumento de la violencia, cuyo costo en Ecuador es de unos 2.300 millones de dólares, lo cual tiene un impacto en la debilitada economía local.

Analizó que Ecuador ostenta una ubicación estratégica para el tráfico de droga y “no tenemos políticas” que impidan su entrada por las fronteras con Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, así como su salida por las Cuencas del Pacífico y del río Amazonas para enviar toneladas hacia Europa y Norteamérica.

Tampoco, añadió, existen políticas para controlar el consumo interno de drogas.

“Ecuador se ha convertido en un lugar bastante interesante para el narcotráfico, así como para el lavado ya que tiene el dólar como moneda oficial”, complementó.

Un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés), presentado en septiembre pasado, ubicó a Ecuador en el onceavo puesto de los países más peligrosos del mundo afectados por el crimen organizado y la violencia a escala internacional.

Además, mencionó, que “ha disminuido” la resiliencia estatal, es decir, la capacidad para enfrentar este fenómeno, siendo la sociedad civil la única que ha mantenido su fuerza pese al embate de la criminalidad.

A nivel general, Ecuador es golpeado a diario por secuestros, extorsiones (cobro de ‘vacunas’) y muertes violentas, que han incidido en el cierre de varios negocios y han sembrado terror en la sociedad, que exige al Gobierno seguridad.

Los hechos ocurren principalmente en barrios empobrecidos de la zona costera, especialmente, en las provincias de Guayas (suroeste) y Esmeraldas (norte), donde operan bandas criminales que pugnan por el control territorial para el narcotráfico y microtráfico.

Un estudio de la consultora internacional Gallup, difundido en noviembre pasado, indicó que Ecuador es el quinto país con mayor percepción de inseguridad ciudadana del mundo, después de las naciones africanas de Lesotho, Liberia y Esuatini, y la asiática Myanmar.

Además, el 65 por ciento de los ecuatorianos se siente inseguro al caminar solo por las noches en sus ciudades.

El analista político internacional, Decio Machado, dijo a este Medio que “exigir seguridad es una demanda social fundamental frente a un crecimiento disparatado de la violencia derivada del empoderamiento de las bandas criminales vinculadas al narcotráfico”.

En su opinión, la reacción social se da en virtud de que las políticas de seguridad implementadas por los dos gobiernos anteriores no han sido efectivas.

Este criterio lo comparte Carrión, quien dijo que esas políticas se centraron en declarar “estados de excepción” con toques de queda en varias provincias, y “los resultados no fueron buenos”.

Ambos analistas, esperan que el nuevo Gobierno de Daniel Noboa, que asumió el pasado 23 de noviembre, logre una política de seguridad para contener la violencia, pese a su corto mandato de 18 meses.

En sus primeras acciones, Noboa, renovó los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía para fortalecer el combate a la violencia, incluso en las cárceles, donde, desde 2021, han ocurrido 14 masacres con un saldo de 459 presos asesinados, según datos oficiales.

Además, ha anunciado un “Plan Fénix”, que incluye la militarización de las fronteras con tecnología y el uso de un sistema de escaneo en los puertos ecuatorianos, pero enfrenta una escasez de recursos en la caja fiscal.

Planea también construir megacárceles al estilo de El Salvador con cooperación israelí e instalar barcazas en alta mar para aislar a los presos peligrosos.

Estas iniciativas, según Machado, demuestran el compromiso de Noboa con las demandas de la sociedad, pero habrá que “darle tiempo para evaluar los resultados de este tipo de política pública”.